Entre las principales medidas está la regulación de los precios del alquiler, el establecimiento de medidas de protección frente a los desahucios o la imposición de determinadas obligaciones así como beneficios fiscales para los propietarios.
Para que una zona pueda ser declarada como zona tensionada, deberán cumplirse determinados requisitos previstos en la propia Ley y será la Comunidad Autónoma con la revisión del Ayuntamiento quien determine tal declaración.
La ley cataloga como grandes tenedores aquellos que sean propietarios de cinco o más viviendas; y como pequeños propietarios los que tengan menos de cinco.
A partir de enero de 2024, el precio del alquiler podrá ser actualizado como máximo hasta el 3 %, desapareciendo la actualización conforme al IPC. En la actualidad esta limitación es del 2 %.
Esta medida afectará a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas declaradas tensionadas y consiste en aplicar el tope máximo del 3 % sobre el precio que estaba pactado en el anterior contrato.
Antes, este gasto corría a cargo del arrendatario.
Entre las principales medidas se encuentra la de establecer prórrogas para el lanzamiento en los procedimientos de desahucio.
La Ley todavía no ha entrado en vigor, ayer jueves día 20 fue aprobada en la Comisión y la semana que viene se votará en el Pleno del Congreso para su posterior aprobación.
En Pi & Boluda ofrecemos asesoramiento en materia de alquiler. Defendemos tanto al arrendador como al arrendatario.
Protegemos al arrendador frente a los incumplimientos del inquilino, y del mismo modo, garantizamos que las condiciones contractuales se cumplan en defensa de los derechos del arrendatario.
Si tiene duda sobre su contrato de arrendamiento podemos revisarlo sin compromiso.